La directora general de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, Guillermina Yanguas, ha presidido la octava reunión de la Comisión Técnica de Prevención y Reparación de Daños Medioambientales celebrada en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En este encuentro, Guillermina Yanguas ha informado a las Comunidades Autónomas de los importantes avances llevados a cabo desde el inicio de la legislatura en lo relativo a la modificación de la normativa de responsabilidad medioambiental.
En concreto, la Ley 11/2014, de 3 de julio, modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Asimismo, se encuentra en tramitación el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre.
También se ha presentado el borrador de Proyecto de Orden Ministerial por la que se establecerá la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
Este proyecto de Orden Ministerial se someterá a participación pública en las próximas semanas, tras la entrada en vigor de la modificación del reglamento de desarrollo parcial de la ley que se está tramitando. De esta forma, se cumple el compromiso del Gobierno de desarrollar los mecanismos previstos en la legislación de Responsabilidad Medioambiental que, desde su publicación en 2007, no habían sido desarrollados.
Ampliar la protección medioambiental
Yanguas ha destacado que la reforma de la normativa de Responsabilidad Medioambiental refuerza los principios de prevención y de “quien contamina, paga”, y amplía la protección del medio ambiente, ya que ahora se cubren los posibles daños que se puedan producir a las aguas marinas.
Además, queda garantizado que la reparación de los daños medioambientales que se puedan producir corran a cargo del operador responsable, independientemente de la obligación o no de constituir garantías financieras, y se mejoran las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad medioambiental. También se reducen cargas administrativas a los operadores y se simplifican procedimientos a las administraciones públicas.
Fuente: www.3tres3.com
